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Escrito a CAM y Ministerio de AA.PP

campaña para inundar de escritos a la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Administraciones Publicas solicitando que actué de oficio y pida la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, ya en el texto se establece una discriminación entre españoles, y madrileños, según su lugar de residencia, además de unas vulneraciones de derechos y libertades fundamentales protegidos por la Constitución Española.

La Comunidad de Madrid debería defender a 455.000 madrileños que no viven en la capital pero no van a poder circular con su turismo en el municipio de Madrid, y a otros tantos decenas de miles de propietarios de motos, furgonetas, y camiones, que tampoco podrán hacerlo. Asi como a las personas de provincias limitrofes que acceden con su vehículo a trabajar, a hacer gestiones o por turismo a Madrid

Estas competencias de la Comunidad de Madrid se recogen en, en concreto en la ley 7/1985, de Bases del Régimen Local: disposiciones generales. El municipio. “Disposiciones comunes a las entidades locales. Régimen de organización de los municipios de gran población.”

Requerimiento previo e impugnación judicial de actos.

- Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades
Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.

El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.

La Admón. del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello.

La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá también impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

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